Si bien sabemos que todos podemos hacer mucho trabajo pata terminar con la obsolescencia programada, también los gobiernos tienen en su mano el poder de terminar con esta práctica, aunque todavía son muchos los que no le prestan la atención necesaria.

En Europa, es Francia quien está liderando la lucha contra la obsolescencia programada. El Parlamento francés aprobó en 2014 castigar con penas de hasta dos años de prisión y multas de 300.000 euros a las empresas que violen las leyes de defensa del consumidor.

La decisión se basa en el artículo 22 del proyecto de ley sobre transición energética para el crecimiento verde, que ve punibles “todas las técnicas que acortan la vida deliberadamente o el posible uso de este producto con el fin de aumentar la tasa de reemplazo. Estas técnicas pueden incluir la introducción voluntaria de un defecto, una debilidad, una terminación programada o prematura de una limitación técnica, la imposibilidad de reparar o incompatibilidad”. Esta definición abarca no sólo la práctica deliberada de los fabricantes para acortar el tiempo de vida de un producto, tales como la introducción de un chip o contador en el dispositivo, sino que también cuestiona la obsolescencia funcional de forma predeterminada de modo que si una sola pieza falla, es todo el dispositivo el que deja de funcionar y se debe reemplazar. Con este artículo se introduce en la legislación francesa la definición de obsolescencia programada.

El abanderado de esta iniciativa fue Jean-Vincent Placé, senador y líder de los ecologistas franceses, que considera que esta práctica es no sólo perjudicial para el consumidor, sino también para el medio ambiente.

Otra muestra de la concienciación de Francia con estas prácticas fue el estudio que encargaron a Centro Europeo del Consumidor para comprobar la duración real de los electrodomésticos actualmente. Así, se dedujo que una lavadora tiene una duración media de 10 años, un televisor, de entre 10 y 15 años, y un teléfono móvil, de 20 meses.

Los fabricantes de estos productos insisten en que no hay una programación deliberada para el agotamiento de la vida útil, pero en Francia les siguen la pista de cerca.

Esta pena es pionera, y muestra la preocupación de Francia por los recursos naturales. Hay que recordar que este país tiene un Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, con Ségolène Royal al frente, haciendo un importante trabajo por el mantenimiento de los recursos naturales.

Si bien es verdad que la ley está aprobada, no se ha aplicado en multitud de ocasiones, pues es un tema difícil de demostrar, y requiere de denuncias por parte de los propios consumidores, que deben concienciarse también respecto a la importancia que tiene en sus vidas acabar con la obsolescencia programada.